lunes, 10 de marzo de 2014

El MIA Pinto se suma al manifiesto de apoyo a los trabajadores de Airbus

El 29 de setiembre de 2010 los sindicatos mayoritarios del país, Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores, convocaron huelga general para expresar su rechazo a las medidas que había adoptado el Gobierno de la Nación en materia laboral y que suponían un fuerte retroceso en los derechos de los trabajadores y trabajadoras.

El derecho de huelga es un derecho amparado en nuestro Ordenamiento Constitucional, que debe ser protegido especialmente cuando decide ejercerse. Por ello, tanto el ejercicio de la huelga como su manifestación pública, en sí mismos, no pueden ser nunca considerados, en un Estado de Derecho, como un comportamiento sospechoso de incurrir en prácticas delictivas.

Desde primeras horas de la mañana varios centenares de trabajadores y trabajadoras de la empresa EADS CASA AIRBUS se concentraron en la entrada de la fábrica como expresión pública de su adhesión a la huelga general. El ejercicio de la huelga y su expresión pública no puede considerarse “per se” como un comportamiento sospechoso de incurrir en prácticas delictivas.

La presencia en la puerta de la fábrica de un buen número de unidades policiales antidisturbios y su actitud ante los trabajadores y trabajadoras concentrados creó un clima de tensión. El comportamiento de la policía no contribuyó al normal desarrollo de la huelga, sino que propició que se produjeran diversos incidentes que culminaron con el uso por parte de los agentes antidisturbios de sus armas, realizando al menos siete disparos.

Tras los graves incidentes producidos el día de la huelga general y la posterior denuncia de la policía se procede por el Juzgado de primera instancia e instrucción nº 4 de Getafe al inicio de la instrucción.

La instrucción ha presentado graves deficiencias, entre las que destacamos la acusación al Presidente del Comité Interempresas, máximo responsable sindical en la Empresa, por el solo hecho de intentar impedir los incidentes que se estaban produciendo, dirigiéndose a los responsables policiales y propiciar una solución pacífica. Es decir, fue acusado por el hecho de cumplir con su obligación como representante de los trabajadores y como miembro de una de las organizaciones convocantes de la huelga, intentando que la jornada se desarrollara con éxito y sin incidentes.

Igualmente fueron acusados otros dos sindicalistas a raíz de que acompañaron al Presidente del Comité Interempresas en su declaración ante el Juez Instructor. La acusación se amplió a otros once sindicalistas por el solo hecho de haber acudido a los servicios médicos de la empresa para ser atendidos de las heridas que les ocasionaron los policías antidisturbios durante la violenta carga policial.

Tras una instrucción realizada sin que se haya determinado la responsabilidad y participación de cada uno de los acusados y con graves deficiencias, el día 7 de enero de este año, el Juzgado de Instrucción procede a la apertura del juicio oral tras la acusación del Ministerio Fiscal contra ocho sindicalistas, en la que se solicita pena de prisión de ocho años y tres meses para cada uno de ellos y un total de sesenta y seis años de prisión, además de una fianza de 31.059.52 € de la que los acusados han de responder conjunta y solidariamente.

Si sorprendente fue la instrucción, no lo es menos la acusación formulada por el Ministerio Fiscal. Solicitar la misma pena para cada acusado sin identificar las conductas individuales de cada uno de ellos, además de poner en evidencia la inconsistencia de la acusación, sitúa a éstos en un clara indefensión jurídica que no debiera permitirse en un estado de derecho.

Por todo ello, las organizaciones firmantes queremos alzar nuestra voz en defensa del estado de derecho, en defensa de nuestros derechos constitucionales y en defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras.

Y ALZAMOS NUESTRA VOZ MANIFESTANDO:

- Que el cumplimiento efectivo de estos derechos, hace necesario que, ante las deficiencias e irregularidades puestas de manifiesto en todo el proceso, el Ministerio Fiscal retire las acusaciones contra los 8 sindicalistas de EADS CASA AIRBUS, como expresión de salud democrática y para despejar cualquier duda de que no nos encontramos ante un juicio político, que lo que intenta es criminalizar el ejercicio del derecho de huelga y la libertad sindical.

- Nuestra solidaridad con los trabajadores y sindicalistas acusados, afirmando nuestra confianza en su honradez y el reconocimiento de que su labor sindical a lo largo de los años ha reportado beneficios para los trabajadores y trabajadoras de EADS CASA AIRBUS, muchos de ellos vecinos de Getafe, así como al propio Municipio.

- Nuestro apoyo la manifestación convocada para el próximo día 14 de marzo, que partirá a las 11 horas de la puerta de la fábrica y recorrerá las calles de Getafe, hasta la Plaza del General Palacios, haciendo un llamamiento a la ciudadanía del municipio para que se sume a la misma.

PORQUE: “HUELGA NO ES DELITO” “NO SON 8, SOMOS MILES”




Pinto, a 10 de Marzo de 2014.

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