martes, 21 de mayo de 2013

El MIA considera una aberración medioambiental la autorización de la Comunidad de Madrid para quemar residuos en la cementera de Morata de Tajuña

La Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid ha dado “luz verde” al proyecto presentado por la Empresa cementera “Portland Valderrivas” para incinerar cierto tipo de residuos en su fábrica de “El Alto”, situada en la localidad de Morata de Tajuña, como sustituto de los combustibles habitualmente usados en dicha fábrica (básicamente coque y fueloil).

Esta aprobación se ha efectuado pese a haberse presentado decenas de alegaciones al Estudio de Impacto ambiental, además de obviarse la denuncia presentada por la Asociación de Vecinos de Morata de Tajuña, en noviembre de 2.012, ante la Fiscalía General del Estado, de la que se dio traslado a la Fiscalía de Medioambiente, y que se basa en que el proyecto presentado por la cementera “Portland Valderrivas” no tiene en cuenta las emisiones específicas de la incineración de los residuos, al tiempo que se ignoran las afecciones sobre el suelo, el agua, la vegetación, los cultivos y la fauna.

Además, en la denuncia se hace hincapié que no es cierto, tal y como asegura el proyecto de la empresa cementera, que los productos a incinerar (lodos procedentes de depuradoras, neumáticos, ciertos tipos de plásticos, madera, restos procedentes de parques y jardines, residuos de procedencia vegetal o animal, entre otros productos de desecho) no puedan ser reciclados o reutilizados.

El Grupo Municipal del Movimiento de Izquierda Alternativa (MIA) de Pinto, se hizo eco de las reivindicaciones de diversos colectivos ciudadanos (Asamblea de Vecinos de Morata y las Asambleas del 15-M de San Martín de la Vega y Pinto), y presentó en el Pleno del Ayuntamiento de Pinto del 28 de febrero de 2.013 una Moción en la que se instaba a la corporación pinteña a oponerse a este proyecto, y a la Comunidad de Madrid a que cumpliera la legislación medioambiental al respecto. Dicha Moción fue apoyada por el resto de Grupos de la Oposición pinteña (PSOE y UPyD), pero el PP de Pinto hizo valer su mayoría absoluta para rechazarla .

Dicha Moción se presentó ante los escasos 30 km que separarían Pinto de la “incineradora encubierta”, por lo que Pinto podría verse afectado no sólo por lo que concierne a la salud de sus vecinos y vecinas, sino que también hay que recordar el importante impacto ecológico que estas emisiones podrían tener sobre el Parque Regional del Sureste (que ocupa buena parte del término municipal de Pinto), así como sobre la ZEPA (Zona de Especial Protección de Aves) incluida en el mencionado Parque y que entra casi en su totalidad en el término municipal pinteño.

El MIA quiere recordar que existe un Estudio científico sobre el impacto de las emisiones de la quema de residuos realizado por personal del prestigioso “Instituto de Salud Carlos III de Madrid”, publicado en la revista “Environment International”. Dicho estudio abarca 8.098 poblaciones españolas y se realizó en base a datos recogidos entre 1.997 y 2.006. Se analizaron 129 instalaciones, entre ellas incineradoras, plantas de gestión de vehículos al final de su vida útil, de tratamiento físico-químico, de residuos oleaginosos, de reciclado de envases, de recuperación de disolventes usados o de baños ácidos agotados.

Solo en 2.007, las instalaciones analizadas liberaron 525.428 toneladas de sustancias tóxicas al aire y 4.984 toneladas al agua. Y su conclusión es clara: “Hay estadísticamente más riesgo, tanto para hombres como para mujeres, de muerte por cánceres (estómago, pulmón, pleura, riñón y ovario) en ciudades situadas cerca de incineradoras y plantas de tratamiento de residuos peligrosos”

Para el MIA, decisiones como la adoptada en este tema por la Comunidad de Madrid, con la complicidad de los Ayuntamientos de Morata de Tajuña, San Martín de la Vega, Ciempozuelos o Pinto, todos ellos gobernados por el PP, suponen un hecho gravísimo, al anteponer intereses económicos de una Empresa privada (el ahorro de costes en combustible que este proyecto le puede suponer) al posible riesgo para la salud de las personas y el impacto sobre los ecosistemas de los términos municipales cercanos.




Pinto, a 21 de Mayo de 2013.

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