Su nacimiento vino motivado por una sucesión de políticas de recortes y agresiones hacia la plantilla municipal. Varios compañeros entendimos que desde las instituciones que deberían defendernos de estas agresiones no se estaban realizando los esfuerzos necesarios y suponían una pared contra la que chocaban continuamente las reivindicaciones de nuestro colectivo.
De entonces acá hemos pagado nuestra osadía, convirtiéndonos en la diana sobre la que recaen una vez tras otra los dardos del equipo de gobierno de nuestro Ayuntamiento. Comenzó con el despido de cuatro compañeros que formaban la Junta Directiva de nuestro sindicato, demandas que se encuentran en los tribunales y pendientes de sentencia judicial. Pero este acto, ya muy grave por sí solo, no fue más que el comienzo de una verdadera caza de brujas como nunca se ha visto en una Administración Pública hacia una formación sindical.
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El más absoluto desprecio y prepotencia hacia los afiliados a este sindicato se ha convertido en el día a día del concejal de Recursos Humanos; acciones que se han ido extendiendo al resto de la plantilla a partir de la representación sindical obtenida por EPS en las pasadas elecciones sindicales.
Somos conscientes que se acerca un proceso electoral. Nuestra ética sindical y personal ha hecho que reflexionemos acerca de si debemos detener o no durante estas semanas nuestra acción sindical. Pero los temas que tenemos sobre la mesa son graves… muy graves para que un sindicato mire hacia otro lado. Constante desprecio hacia el articulado del convenio colectivo, firmado precisamente con el Partido Popular en el gobierno local. Teniendo un reconocido saneamiento de las arcas públicas, no se están abonando las horas extraordinarias que se obligan a realizar, dejándonos ante un posible delito de enriquecimiento injusto por parte del Consistorio, al estarse beneficiando de su propia falta de diligencia.
Supeditar el abono de salarios a colectivos de trabajadores a que se hagan informes técnicos favorables a ciertos empleados, nos deja frente a un posible delito de prevaricación y cohecho.
Constantes vulneraciones de nuestro interés legítimo a la representación y acción sindical, vulnerando por los cuatros costados la Constitución Española y legislación internacional que defiende el derecho fundamental de todo trabajador a sindicarse. El último capítulo de esta representación, que parece escrita en otro tiempo, ha sido la amenaza a una delegada sindical de EPS, haciéndola responsable y destinataria de medidas represivas si este sindicato continuaba con su acción sindical.
Y hasta aquí podríamos llegar, mucho más tratándose de una Administración Pública que debería velar y fomentar estos derechos reconocidos en nuestra carta magna.
No solo no frenaremos nuestra acción sindical, sino que la llevaremos hasta sus últimas consecuencias y utilizando todas las herramientas que nos ofrece la legalidad vigente.
Pinto, a 27 de Abril de 2015.
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