El TSJM explica que el Director-Coordinador de Policía, Israel Fernández, “es funcionario de carrera, provenía del Cuerpo Nacional de Policía [...] por lo que no estamos ante un caso de incorporación de nuevo personal”.
Además, señala que su nombramiento se realizó “conforme lo establecido en las bases de la convocatoria [...] que ofrecía dicho puesto a funcionarios del Ayuntamiento o de otras Administraciones”. Además, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid remarca que el Ayuntamiento de Pinto consultó a la Directora General de la Función Pública y ésta respondió de forma favorable al Consistorio, por lo que los cuatro magistrados de la Sala de los Contencioso Administrativo Sección Séptima del TSJM señala que “en base a todas las anteriores consideraciones, la conclusión jurídica no puede ser otra que la desestimación del recurso de apelación y confirmación de la sentencia apelada”.
A pesar de que el tripartito de la oposición (PSOE, MIA y UPyD) pidió anular esta plaza, el puesto de Director-Coordinador de Policía ha logrado una mayor efectividad en el trabajo de Policía Local y una mayor y mejor coordinación con otras fuerzas de seguridad. De hecho, los últimos datos conocidos por la Delegación del Gobierno y por la Guardia Civil ponen de manifiesto una reducción en el número de delitos cometidos en Pinto.
Los ciudadanos aún esperan las disculpas públicas de los partidos que pedían al Equipo de Gobierno que “anule y se olvide de este escandaloso proceso de contratación”. Sus resultados son la prueba de la efectividad del nombramiento. El líder de Ganemos Pinto calificó la decisión del Equipo de Gobierno de “gravedad” al contravenir la ley, mientras que UPyD Pinto llegó a decir que este nombramiento “está prohibido y el Gobierno municipal traspasa la línea roja al hacerlo”. Esa difamación, esa mentira y ese intento de engañar a los vecinos de Pinto no son nuevos. Tampoco es nuevo su intento de judicializar la política pinteña y su silencio atronador ante las sentencias judiciales que le quitan la razón.
Hay que insistir porque cada nueva sentencia se convierte en un nuevo apoyo a las decisiones del Equipo de Gobierno de Pinto. Cada pronunciamiento de la Justicia es un nuevo varapalo a los partidos políticos pinteños que acusan al Gobierno Municipal. Ocurrió al rechazar los jueces de forma categórica los supuestos ataques a los derechos fundamentales, políticos o sindicales, al desestimar el recurso de uno de los fundadores de Ciudadanos contra la adjudicación de la gestión de la Residencia Dolores Soria o, por ejemplo, al señalar el Defensor del Pueblo que ni tan siquiera se sostienen las acusaciones de la oposición.
Pinto, a 23 de Marzo de 2015.
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