Diez meses después de que la alcaldesa de Pinto, Miriam Rabaneda
(PP), decretase sin informes municipales el despido de cuatro trabajadores del Ayuntamiento,
todos ellos miembros del sindicato EPS (Espacio de Participación Sindical), la Justicia ha declarado
“improcedente” el despido de la empleada Nieves Escorza y condenado al consistorio a pagar
una indemnización de 117.146,25 euros, en el supuesto de que no opte por su readmisión.
El Comité de Empresa y la Junta de Personal, de la que forman parte el citado sindicato junto a
CC.OO., CSIF, CCPM y UPM, han solicitado al Gobierno pinteño que reconsidere el “varapalo”
judicial recibido y no pague con el dinero de los ciudadanos el atropello laboral cometido.
El Juzgado de lo Social no 27, en el que se ha dirimido el primero de los cuatro despidos injustos,
tira por tierra las justificaciones dadas por el Ejecutivo local para llevar a cabo estos despidos por
decreto, dado que “si bien no se discute que el Ayuntamiento ha puesto en funcionamiento una
nueva web, ello no justifica ni se ha demostrado ni que el puesto de trabajo de la actora
(Nieves Escorza) resulte innecesario ni que el departamento en bloque de Innovación
Tecnológica deba eliminarse”, señala la sentencia.
Se afirma en la misma que el despido resulta improcedente, además, porque no se llevó a cabo
por el órgano adecuado (sólo el Pleno, y no la alcaldesa, puede extinguir un departamento
municipal y amortizar un puesto de trabajo) e igualmente se señala como causa de
improcedencia del despido que en ningún momento se consultó ni negoció con los
representantes de los trabajadores como era preceptivo.
El Juzgado considera probado que el PP despidió a esta trabajadora y a sus tres compañeros
enviándoles a la Policía Municipal a sus domicilios, sin preaviso alguno, sin negociación previa y
dándole a Nieves Escorza la indemnización que le correspondía cinco días después de despedirla,
cuando debería de habérsele dado de inmediato. Se equivocó de cuenta bancaria porque lo hizo de
espaldas a la Tesorería Municipal.
Sin embargo, la jueza considera que no ha quedado acreditado que se vulneraran los derechos
fundamentales de la trabajadora y, por ende, no declara nulo su despido, aunque tres juzgados
más de lo Social conocerán los pormenores del caso y esta nulidad podría darse en los
próximos juicios.
Mientras, el Comité de Empresa y la Junta de Personal, así como todos los partidos políticos de
Pinto (PSOE, MIA, UPyD, Ganemos, Izquierda Unida y Ciudadanos) han criticado duramente el
comportamiento del Gobierno de Pinto, exigiéndole la inmediata readmisión de la trabajadora
Nieves Escorza antes que pagar la tropelía laboral cometida con el dinero de los vecinos y vecinas
de la localidad.
Pinto, a 12 de Marzo de 2015.
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