"Un gran error"

Queremos hacer público nuestro apoyo a los cuatro trabajadores municipales despedidos en el Ayuntamiento de Pinto y queremos a la vez hacer público nuestro desacuerdo con cualquier acción similar en cualquier Ayuntamiento.

En Pinto se ha cometido un error, un gran error, de fondo y de forma, que tiene mucho que ver con el peculiar modo de entender la política que tenemos en nuestro país. Despidiendo a estos cuatro trabajadores se ha cometido un error lleno de aristas que lo agravan y dañan también a quien ha infligido el golpe, lo dañan en la imagen, en la responsabilidad, en la equidad, en la humanidad y en la lógica. Por la forma en que se ha llevado a cabo, por la unilateralidad con que se ha decidido, por lo sospechoso que parece, por la parcialidad que demuestra, por el desprecio que implica hacia el empleo y el trabajador públicos… es un grave error que da la razón a quienes piensan que el político local está en manos de su propia ambición, de su propia venganza y de su propio partido, al margen de su responsabilidad, de su contacto con la tierra y de su dignidad como representante ciudadano.

Despidos fulminantes, sin aviso, alternativa ni negociación, cuando se había proclamado hace meses que no habría ningún despido, cuando se publican las gratas cifras de la buena gestión presupuestaria, cuando se contrata por la puerta de atrás nuevo personal de confianza, cuando los despedidos coinciden como afiliados a un nuevo sindicato inconformista y muy crítico con el gobierno local y no solo con él, cuando hay plazas pendientes de cubrir en otros departamentos, cuando resulta que parte de su trabajo, ya prescindible, lo intentan desviar a otros compañeros… No, despidos así no son de recibo, no son maneras, no se puede permitir.

Un trabajador municipal ya está a merced de los cambios que un equipo de gobierno decida hacer, por el motivo que sea, en su Ayuntamiento; son pocos los empleados públicos adscritos a algo más que a una categoría laboral (a veces ni eso), nada de un departamento, un edificio o un puesto de trabajo específico (en el ámbito de las bibliotecas municipales, por ejemplo, se ve esto con claridad meridiana), nada de un turno inamovible, ni una jornada ya; cualquier condición laboral puede ser modificada sin demasiada justificación por parte del concejal responsable. Por eso, por lo fácil que es adaptar al trabajador entero a las prioridades o caprichos de un equipo de gobierno, resulta bastante ofensivo el despido de nadie. Un Ayuntamiento tiene una posibilidad de sacar rendimiento a sus recursos y a su plantilla que no tiene, posiblemente, una empresa privada, y no debe, no es justo ni serio hacerlo, añadir o suprimir servicios a su antojo, porque para ello utiliza recursos públicos, no propios, de los que es responsable, y personas que desean y necesitan estabilidad, seguridad, respeto. Un Ayuntamiento tiene un compromiso ineludible con sus trabajadores y con sus servicios, y únicamente respetando ese compromiso podrá trabajar dignamente para la comunidad a la cual representa. Y todo esto se lo ha cargado de un plumazo el equipo de gobierno pinteño.

Las necesidades organizativas aducidas son bastante endebles, a nuestro juicio. ¿Un día necesito un conductor y otro dejo de necesitarlo y lo despido? ¿Creo un departamento, destino a él a un grupo de trabajadores y un buen día decido externalizarlo y despedirlos? No, ni hablar, no es serio, no es aceptable.

Aparte de cuestionar la necesidad de privatizar un servicio como el implicado en este caso, es conveniente recordar que una práctica habitual ante las privatizaciones es negociar con la empresa adjudicataria la absorción de los trabajadores. Los motivos son evidentes: garantizar el trabajo de los empleados y aprovechar su conocimiento del trabajo en cuestión. Las consecuencias de esto también son evidentes: trabajarán igual o más por el mismo salario o menos, pero el agradecimiento está garantizado en vista del panorama. Pero antes de llegar a eso, lo ideal sería estudiar con detenimiento y seriedad cualquier intención de externalización de servicios, sería deseable cierto nivel de negociación en busca de consenso, con las demás fuerzas políticas y, por supuesto, con los trabajadores; sin embargo eso es política ficción en nuestro país; la concepción cainita de la política que se tiene por aquí hace imposible ese tipo de responsabilidad, la ostentación de poder, por local que este sea, es una tara congénita en nuestros ediles.

El desprestigio del empleado público, de cuyo colectivo formamos parte, se debe a tres motivos muy bien identificados: irregularidad en el acceso al trabajo, relajación en el ejercicio del trabajo y perpetuación en el puesto de trabajo. Los tres motivos forman una cadena de agravios insufrible para el ciudadano, a los tres han contribuido todos los partidos que alguna vez han gobernado y, como suele pasar con otras cosas, el cumplimiento de esos tres “requisitos” son tan llamativos que eclipsan el trabajo bien hecho y los procedimientos bien desarrollados que definen realmente el empleo y al empleado públicos. Así, también en este caso se compara lo ocurrido con cualquier otro despido en la empresa privada, se oyen críticas por la inmensa movilización, el apoyo y la publicidad que reciben los despidos de empleados públicos, frente al silencio y el aislamiento de los despidos “privados”, y con razón, la utilización partidista y política de aquellos no se dan en estos; además, el miedo a las represalias es más feroz en el ámbito privado y también el individualismo se ha alimentado más y mejor en ese ámbito, por no hablar de esa gran diferencia de fondo entre lo público y lo privado que son el ánimo de lucro y la propiedad del dinero. Pero, a nuestro modo de ver, lo correcto es esto, lo que está pasando en Pinto, el apoyo y la protesta, la indignación y la movilización, ante unos despidos innecesarios, injustos, interesados y mentirosos.

Por todo ello, pedimos la readmisión de los trabajadores despedidos.

Fernando Ferro y Carlos Lapeña.




Pinto, a 27 de Mayo de 2014.