"Estamos ante una nueva resolución arbitraria que carece de todo tipo de sustento legal y que de una forma manifiestamente injusta ha despido a cuatro servidores públicos que desde hace más de treinta años llevan prestando servicio a nuestros ciudadanos/as”, ha declarado Juan José Martín, portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Pinto.
Según consta en el Decreto firmado el pasado viernes día 09 de Mayo, el despido se produce por “criterios objetivos”, al desaparecer las funciones que tenían encomendadas los cuatro trabajadores municipales; sin embargo, se oculta intencionadamente que en la Relación de Puestos de Trabajo ( R.P.T. ) aprobada por el Pleno, constan plazas vacantes y, por lo tanto, los trabajadores municipales podrían haber sido reubicados dentro de la estructura organizativa de nuestro Ayuntamiento.
Por otra parte, de manera intencionada se ocultan algunas de las funciones que venían desempeñando los trabajadores afectados; este es el caso de Nieves Escorza, que como Directora de Investigación y Estadística, no se dedicaba exclusivamente a realizar funciones de control y mantenimiento de la intranet municipal, desempeñando otra serie de trabajos como son la formación del personal, el seguimiento del personal en prácticas en el Ayuntamiento, la elaboración de estadísticas y la preparación y el análisis de encuestas.
Presumiblemente, todas estas circunstancias han provocado que el decreto de alcaldía, se haya dictado a espaldas de los técnicos municipales, careciendo del más mínimo sustento legal en el que amparar una medida de estas características.
Una reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre las condiciones que definen la prevaricación son los avales que maneja el PSOE para ir por la vía penal contra Miriam Rabaneda. Para el Supremo prevarica la autoridad que dicta una resolución objetivamente contraria a derecho, es decir ilegal. Y esa ilegalidad se puede manifestar en tres aspectos: o bien por la falta absoluta de competencias, o bien por la omisión de trámites esenciales en el procedimiento o bien por el propio contenido sustancial de la resolución. En este caso es evidente que la propia alcaldesa conocía la existencia de plazas vacantes en la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento y de que además, se ocultan intencionadamente algunas de las funciones que tradicionalmente venían desarrollando los trabajadores/as afectados.
Para los Socialistas de Pinto, la sentencia del Supremo habla de que "la prevaricación exige que el resultado sea injusto, que para nosotros es evidente que aquí lo es, y que esa resolución se dicte con la finalidad de hacer efectiva una voluntad particular de la autoridad o funcionario y que se tenga conocimiento de actuar contra derecho". Por todo ello, los socialistas entienden que en esa batería de condiciones sobre la prevaricación tiene encaje la resolución sobre este caso tomada por la Alcaldesa de Pinto.
La situación en el tema de personal del Ayuntamiento de Pinto es preocupante y se está vulnerando la legalidad con expedientes disciplinarios injustificados, con despidos alarmantes, y con procesos de selección de personal que están en los tribunales, como es el caso de la plaza del Director-Coordinador de la Policía Local de Pinto.
Pinto, a 13 de Mayo de 2014.
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