Mientras que a nivel nacional quieren limitar la Ley de Huelga y aplicar duras sanciones económicas a todo aquel que se atreva a manifestarse en contra de sus decisiones, en el caso de Pinto, los responsables políticos del Partido Popular tiene un serio problema a la hora de interpretar el significado de la libertad de expresión, de información y los derechos de manifestación y reunión.
En estos momentos, y para amedrentar a los trabajadores de Aserpinto, el Gobierno de Miriam Rabaneda ha iniciado varios expedientes sancionadores a los representantes sindicales; alguno de ellos con suspensión de empleo y sueldo durante tres meses. Castigos estos absolutamente injustificados y desproporcionados a las faltas cometidas y que no persiguen otro objetivo que el de amordazar la libertad sindical y el derecho a huelga.
En el cocktail navideño que el Partido Popular celebró el pasado viernes, la Alcaldesa afirmaba: “Aserpinto estaba abocado a un ERE o algo peor porque se sucedían los sabotajes, robos, chantajes, etc que estaban creando un ambiente de violencia y de odio”, acusando, veladamente a los trabajadores de estos hechos, sin ninguna prueba al respecto y tratando de vilipendiarlos una vez más.
Desde el Partido Socialista de Pinto exigimos a Miriam Rabaneda la retirada y paralización de estos expedientes sancionadores, ya que con ellos solamente se pretende mancillar y perseguir a los legítimos representantes de los trabajadores, para poder llevar a cabo, sin ninguna oposición, la privatización de los servicios públicos pinteños y regalarlos a empresas que, curiosamente, han sido donantes económicos del Partido Popular.
Pinto, a 4 de Diciembre de 2013.
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