Para el Pleno del Ayuntamiento de Pinto, a celebrar el próximo 28 de febrero, tres son las Mociones que el Grupo Municipal del MIA ha presentado para su discusión y posible aprobación.
En primer lugar, el MIA pretende que el Ayuntamiento de Pinto se pronuncie en contra del proyecto presentado por la Empresa cementara Portland Valderrivas S.A para su fábrica de “El Alto”, situada en Morata de Tajuña. Dicho proyecto pretende autorizar, por parte de la Comunidad de Madrid, la incineración de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) en la instalación, como sustituto de los combustibles tradicionales (carbón, gas, etc.)
Este tema, ha sido denunciado ante la Fiscalía de Medio Ambiente, a través de la Fiscalía General del Estado, por la Asamblea de Vecinos de Morata de Tajuña, en base a que la Comunidad de Madrid no parece estar exigiendo toda la información medioambiental pertinente a la Empresa en cuestión.
Así mismo, el MIA quiere hacer hincapié en que esta moción se presenta a instancias de las Asambleas del 15M de Pinto y San Martín de la Vega, que se han hecho eco de las demandas vecinales nacidas en Morata de Tajuña. La Moción advierte que el municipio de Pinto podría verse afectado no sólo por lo que concierne a la salud de sus vecinos y vecinas (en base a un estudio del Instituto Carlos III de Madrid que advierte del aumento de casos de cáncer en poblaciones cercanas a Incineradoras de RSU), sino que también recuerda el importante impacto ecológico que estas emisiones podrían tener sobre el Parque Regional del Sureste (que ocupa buena parte del término municipal de Pinto), así como sobre la ZEPA (Zona de Especial Protección de Aves) incluida en el mencionado Parque y que entra casi en su totalidad en el término municipal pinteño.
Una segunda Moción del Grupo Municipal del MIA, pretende que el Ayuntamiento de Pinto se pronuncie en favor de una serie de medidas que ayudan a atajar la actual situación de desprestigio generalizado de la Política “con mayúsculas”. Desde el MIA se considera imprescindible fijar métodos y límites que conduzcan a una real Regeneración Democrática, de cara a recuperar el concepto de democracia y de soberanía popular.
Estas medidas serían:
1. Endurecer la tipificación de los delitos de corrupción en el Código Penal y ampliar los plazos de prescripción.
2. Reformar la Ley Orgánica sobre Financiación de los Partidos Políticos, de tal forma que se prohíban las entidades o fundaciones afines a los partidos, que se evite que las entidades financieras donen fondos a los partidos de manera directa o por medio de condonación de deudas, y que cualquier entidad Empresarial pueda donar fondos a un Partido Político.
3. Modificar la Ley de Incompatibilidades, para que los cargos públicos no puedan ser accionistas ni participantes de empresas que tengan relación directa o indirecta con las Administraciones Públicas.
4. Potenciar una mayor intervención del Tribunal de Cuentas en todos los ámbitos de la política nacional, autonómica y local.
5. Reformar la Ley de Contratación Pública para evitar prácticas irregulares como fraccionamientos que favorezcan las adjudicaciones o las contrataciones directas.
6. Promover la inhabilitación permanente para ejercer cualquier cargo público de personas físicas que hayan sido condenadas por delitos de prevaricación y/o cohecho.
7. Promover la obligación de presentar las declaraciones de bienes y rentas de las personas que ostenten un cargo público sea cual sea la designación, por sufragio o por designación directa. Estas declaraciones deberían presentarse en el inicio y en la finalización del ejercicio del cargo.
8. Eliminar los denominados Asesores (Cargos de Confianza), estableciendo procesos de selección públicos y transparentes en el caso de tener que cubrir alguna necesidad especial y objetiva de nuevo personal. Esta norma debería ser extensiva a las Empresas Públicas.
9. Reforzar todo lo relacionado con la Intervención y el Control económico realizado por funcionarios de carrera, estableciéndose sus Informes como vinculantes para la toma de decisiones.
10. Fijar el concepto “un Cargo Público, una única remuneración económica pública”, evitándose los conocidos casos de Cargos Públicos que han recibido o reciben diversas remuneraciones de carácter público.
Por último, el MIA presenta una tercera Moción recordando el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. En su Moción, el MIA llama la atención al respecto de que las políticas actuales y pasadas, basadas en profundas reformas y recortes de marcado caracter antisocial, nos alejan cada vez más de conseguir una Sociedad en Igualdad, y están llevando a las mujeres a ser las grandes perjudicadas de estas decisiones políticas impuestas por la Unión Europea y por los Mercados.
En su Moción sobre el 8 de marzo, el MIA insta a las distintas Administraciones (Local, Autonómica y Estatal) a adoptar medidas concretas que favorezcan la consecución de una Igualdad real y sostenible en el tiempo, lo cual implica adoptar otro tipo de políticas en todos los campos de nuestra Sociedad.
Pinto, a 27 de Febrero de 2013.
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