El Movimiento de Izquierda Alternativa (MIA) de Pinto propondrá, en el Pleno municipal a celebrar el 29 de noviembre, dos Mociones de marcado carácter social. Una de ellas versará sobre la constitución de un Banco de Alimentos a nivel municipal. Dicha Moción, solicita al Ayuntamiento de Pinto la creación de una comisión que se encargue de organizar cuantas acciones sean necesarias para la creación de un Banco de Alimentos, en la que estén representados todos los partidos políticos, los trabajadores sociales municipales y ONG´S, siendo los trabajadores y trabajadoras sociales municipales quienes determinen que usuarios accederán a este recurso.
Así mismo, esta Moción del MIA instará al Ayuntamiento de Pinto a que solicite a las Asociaciones de comercio local, pequeños comerciantes, medianas y grandes superficies e incluso Centros Educativos a que donen de forma altruista los productos perecederos y no perecederos. que permita un aprovechamiento eficiente de los alimentos, evitando la destrucción de los mismos. El MIA quiere aclarar, que esta iniciativa sería complementaria y no sustitutiva del encomiable trabajo que ya realizan en Pinto ONG´S tales como Cáritas y Cruz Roja.
El tema de los desahucios también es abordado por el MIA en otra Moción, donde se solicita que el Ayuntamiento de Pinto, a través de su Policía municipal, no colabore activamente en los mismos, además de solicitar al Ayuntamiento pinteño que tampoco opere con aquellas entidades bancarias especialmente duras a la hora de ejecutar los mismos.
En varios municipios de nuestro país, por ejemplo: Almenara y Morella en la provincia de Castellón, Alaquás en Valencia, Vigo en Pontevedra y Zaragoza o Córdoba, se están tomando iniciativas para evitar la colaboración de la Polícia Local en los desahucios, así como para dejar de operar con entidades bancarias que ejecuten el impago de las hipotecas. En algunos de esos municipios ya se han aprobado mociones en ese sentido, y ya no se está enviando a la Policía Local a los desalojos. Aparte de los casos ya citados, cada vez son más los municipios que están anunciando que se van a unir a esta iniciativa.
Por poner un ejemplo muy significativo: el Ayuntamiento de Vigo adoptó con fecha 20 de noviembre de 2012, el acuerdo de que la Policía Local no colabore en los desalojos fruto de ejecuciones hipotecarias y que se inste a cancelar las cuentas y rescindir los contratos con entidades financieras que ejecuten desahucios, así como a condicionar la apertura de cuentas futuras.
Estos ejemplos, desde la perspectiva del MIA, demuestran que sí es posible adoptar este tipo de medidas, y que su adopción más que es una cuestión legal es una cuestión de voluntad política. El MIA considera poco coherente afirmar que se está contra los desahucios y, al mismo tiempo, colaborar en su ejecución enviando a las fuerzas policiales o trabajando con los Bancos que son responsables de éste drama social.
Pinto, a 27 de Noviembre de 2012.
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