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lunes, 8 de junio de 2015
jueves, 12 de marzo de 2015
Los trabajadores municipales piden la readmisión de Nieves Escorza
Diez meses después de que la alcaldesa de Pinto, Miriam Rabaneda
(PP), decretase sin informes municipales el despido de cuatro trabajadores del Ayuntamiento,
todos ellos miembros del sindicato EPS (Espacio de Participación Sindical), la Justicia ha declarado
“improcedente” el despido de la empleada Nieves Escorza y condenado al consistorio a pagar
una indemnización de 117.146,25 euros, en el supuesto de que no opte por su readmisión.
miércoles, 4 de marzo de 2015
Declarado improcedente el despido de una de las trabajadoras del Ayuntamiento de Pinto
El Juzgado de lo Social nº 27, en el que se dirimía el injusto despido de Nieves Escorza, ha comunicado ya la sentencia. Estimando parcialmente la demanda interpuesta por la trabajadora, ha declarado IMPROCEDENTE el despido de Nieves, condenando al Ayuntamiento de Pinto “a que en el plazo de 5 días (…) opte entre la READMISIÓN del trabajador en las condiciones anteriormente fijadas en esta sentencia o el abono de una indemnización en cuantía de 117.146,25 euros”
miércoles, 4 de febrero de 2015
Ganemos Pinto exige la readmisión inmediata de los trabajadores municipales despedidos
El pasado 21 de enero, se celebró el primero de los Juicios por los despidos de cuatro trabajadores
del Ayuntamiento de Pinto efectuados el pasado 9 de mayo de 2.014 por el Gobierno del PP de Pinto
presidido por Miriam Rabaneda.
miércoles, 29 de octubre de 2014
El Equipo de Gobierno alcanza un acuerdo con Altamarca para que no pueda reclamar ninguna indemnización al Ayuntamiento
El Equipo de Gobierno ha alcanzado un acuerdo con la empresa Altamarca tras la decisión
unilateral de ésta de abandonar la gestión del gimnasio del pabellón Príncipes de Asturias.
lunes, 17 de febrero de 2014
El Ayuntamiento desestima la reclamación de un vecino por los daños ocasionados por dos estaciones de base de telefonía móvil
El Ayuntamiento de Pinto ha desestimado la reclamación, presentada en enero de 2013, de
un vecino que pedía la responsabilidad patrimonial del consistorio, por daños y perjuicios
ocasionados por la instalación y funcionamiento de dos Estaciones de Base de telefonía
móvil situadas en la azotea del edificio ubicado en la calle Joan Miró, 10.
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