El Movimiento de Izquierda Alternativa (MIA) de Pinto, ha decidido hacerse eco y apoyar la
campaña de la PECCEM (Plataforma Estatal Contra la Contaminación Electromagnética)
denunciando el enorme impacto que el actual Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones,
aprobado a mediados de febrero en el Congreso con los votos de PP, PSOE y CiU, y actualmente
tramitándose en el Senado, tendría sobre las competencias reguladoras municipales y sobre la
protección de las personas en relación al despliegue de Antenas de Telefonía Móvil.
En esa línea, el Grupo Municipal del MÍA ha presentado una Moción para el Pleno del
Ayuntamiento de Pinto que se celebrará el próximo 28 de abril, en la cual se destaca que en su
redacción actual, el proyecto de Ley General de Telecomunicaciones somete directamente el
despliegue de redes públicas de comunicaciones electrónicas a las disposiciones del Ministerio de
Industria, Energía y Turismo, en nombre de la competencia exclusiva del Estado, usurpando la
competencia municipal para otorgar licencias (perdiéndose el ahora preceptivo estudio de la
evaluación ambiental) y las competencias municipales y autonómicas en el campo de las
telecomunicaciones (medio ambiente, ordenación urbana y territorial y salud pública).
Como consecuencia de todo ello, la PECCEM denuncia que existiría una evidente desprotección
jurídica en materia de salud y consumo, al no aplicarse el principio de precaución (reconocido en el
art. 3 de la Ley 33/2011 General de Salud Pública) y dejaría en manos privadas e intereses
comerciales las consideraciones relativas a la expropiación forzosa y a las infracciones graves.
También se destaca en la Moción que el proyecto de Ley contempla la posibilidad de la expropiación
de bienes privados y públicos para la instalación de Antenas de Telefonía Móvil, con lo que es fácil
prever una gran conflictividad, ante la cual los gobiernos municipales no tendrían ninguna
posibilidad de intervención real, al quedar relegados a un papel subsidiario (realización de informes
no vinculantes).
Por último, y muy destacable en opinión del MIA, la autonomía municipal quedaría
totalmente anulada en aspectos claves de su competencia recogidos en la Ley 7/1985
Reguladora de Bases del Régimen Local, tales como:
∙ Planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.
∙ Protección y gestión del Patrimonio histórico.
∙ Medio Ambiente Urbano y protección contra la contaminación.
∙ Protección de la salubridad pública.
∙ Promoción en su término municipal de la participación de los ciudadanos en el uso
eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
Como ejemplo de todo esto, el MIA quiere hacer hincapié en que la actual Ordenanza municipal que
regula en Pinto la Instalación, Ubicación y Funcionamiento de los Sistemas de Telecomunicaciones,
que entró en vigor con fecha 23.06.12 y que puede considerarse de las más avanzadas que existen a
nivel estatal, quedaría en auténtico “papel mojado” de seguir adelante el ya mencionado proyecto de
Ley.
Por ello, y en función de las peticiones realizadas desde la PECCEM, el MIA solicita en su Moción
que el Ayuntamiento de Pinto se pronuncie contra este proyecto de Ley y pide al Gobierno Central
que negocie con entidades autonómicas y locales al respecto, además de demandar del mismo que
anteponga el bienestar de los ciudadanos por encima de los intereses económicos de las grandes
Operadoras de Telecomunicaciones.
Pinto, a 15 de Abril de 2014.
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